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Boletín de noticias 15 de diciembre de 2011
EL TIEMPO
TESTIGO CLAVE DEL CASO PLAZAS VEGA BUSCA ASILO
El caso del cabo (r.) del Ejército Édgar Villamizar Espinel, el supuesto testigo clave de las desapariciones y torturas tras la toma del Palacio de Justicia, que luego dijo haber sido suplantado en la Fiscalía, se convirtió en una 'papa caliente' para el Gobierno.
Por solicitud expresa de la Procuraduría, se le asignó un esquema de escoltas, a pesar de no encajar en los perfiles que maneja la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior.
A pesar de la excepción, EL TIEMPO tiene evidencia de que ese esquema está siendo usado por un familiar del cabo, aunque aparece asignado sólo a él luego de que denunció amenazas porque le atribuyeron haber visto a rehenes del Palacio y al coronel Alfonso Plazas Vega decir "cuelguen a esos h.p.".
La prueba del uso indebido que se le da al esquema que paga el Estado es un memorial del Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, que ha emplazado fallidamente a Villamizar para que testifique dentro de los hechos del Palacio (noviembre de 1985) y aclare si realmente tiene evidencias.
Allí quedó constancia de que el hijo del cabo llegó a excusarlo "asistido por dos escoltas de Vise Ltda., que presta servicios al Ministerio del Interior".
Lo que llama la atención es que otras instancias, como la Corte Suprema, le han solicitado a esa cartera la protección de familiares de amenazados y no han tenido respuesta. Es el caso de los hijos del ex 'para' Salvatore Mancuso, quien esta semana habló de sus
supuestos nexos con el general (r.) Rito Alejo del Río.
Pero lo que preocupa a algunos sectores es que Villamizar siga sin aclarar su versión y salga del país. Este diario estableció que está reclamando supuestas promesas de asilo para él y para su familia.
"Si no lo han podido obligar a testificar en Colombia, con escoltas pagos por el Estado, ¿qué va a pasar con el proceso si lo sacan?", dice uno de los abogados de las víctimas.
Al respecto, el director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar, dijo que el uso que el cabo les está dando a los escoltas y su renuencia a asistir a testificar ante la justicia se ventilarán en el próximo Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer) para estudiar si pierde la protección.
'No hay promesas'
Pero negó que el Gobierno hubiera adquirido otros compromisos, como lo insinuó el hijo del cabo en el memorando del juzgado, en el que incluso señaló que el 17 de noviembre había una reunión con la Procuraduría y con el Ministerio del Interior para hablar del tema. De hecho, el muchacho atribuye a los incumplimientos de compromisos la renuencia de su padre.
"Fuimos claros en decirle que la Unidad no gestiona, ni recomienda ni tramita asilos para nadie. Que el único compromiso es proteger la vida del cabo", enfatizó el jefe de la Unidad de Protección.
La Procuraduría también negó haberle ofrecido plata o sacarlo del país: "No quiso ir al programa de protección de testigos de la Fiscalía porque cree que esa entidad es la victimaria. Por eso le solicitamos la protección al Ministerio del Interior. Pero no le ofrecimos nada más y desde mayo, cuando declaró sobre su suplantación, no lo hemos vuelto a contactar", explicó un vocero de la Procuraduría.
Lo último que se supo de él es que, en octubre, su familia denunció nuevas amenazas y que ahora pide protección para su hermana y para su hijo.
Por ahora, además de la Procuraduría, el único que lo ha podido entrevistar es el CTI, en presencia de la fiscal que investiga si el supuesto testimonio del cabo se montó para que Plazas fuera condenado a 30 años o si el testigo está mintiendo y enredando a la justicia.
EDITORIAL: ADOPCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN
Tras nueve meses de una pelea jurídica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) autorizó al estadounidense Chandler Burr la adopción de dos niños de 10 y 13 años.
El periodista soltero había surtido los trámites requeridos por el ente gubernamental y en marzo pasado se le había otorgado la custodia legal de los dos menores, considerados de "difícil adopción". No obstante, al finalizar el proceso y estar listo para llevárselos a Estados Unidos, Burr mencionó su condición homosexual y el ICBF le quitó el permiso de sacarlos del país.
Tal como lo afirmó el director del Instituto, Diego Molano, la decisión de autorizar esa adopción es "muy compleja". En el país siguen vigentes los prejuicios contra las personas de orientación homosexual. A pesar de los avances en materia de derechos y reconocimientos, muchos colombianos albergan creencias erróneas sobre tal población.
Y en especial sobre su capacidad de ejercer una maternidad y paternidad responsables. Para ser abiertamente claros: muchos temen que un padre gay 'transmitirá' su homosexualidad a los hijos o, lo que es más aberrante, que los niños serán víctimas de abuso.
Los menos radicales sospechan de un supuesto 'estilo de vida' gay lleno de fiestas y promiscuidad, incompatible con la crianza de un pequeño.
Además de constituir un cuerpo de concepciones injusto y discriminatorio, es totalmente equivocado. No existe un consenso académico que identifique problemas de comportamiento, aprendizaje o probabilidades de abuso relacionados con la orientación sexual de los responsables de los niños. Los homosexuales pueden ser tan "buenos o malos" padres y madres como cualquier persona heterosexual. Aún más, como cualquier soltero. De hecho, la determinación de una paternidad como "buena" es relativa y obedece a muchos factores, alejados de la opción sexual.
El Bienestar Familiar cuenta con unos procedimientos por medio de los cuales evalúa un conjunto de características de aquellos que aspiran a adoptar menores abandonados. En dicha evaluación no se incluye la condición sexual como un aspecto relevante. Burr aprobó estos requisitos y así recibió la custodia de los que hoy son sus hijos.
En otras palabras, el mecanismo de adopción del ICBF garantiza que los potenciales padres no sean discriminados al menos por dos razones: ser gays y solteros. Lo anterior es un diseño adecuado por más que ahora hablen la Procuraduría y el Bienestar de revisar los supuestos 'vacíos' en el proceso.
Al aceptar a Burr como soltero e ignorar su orientación sexual, el ICBF probó que su sistema de adopción mide a los futuros padres con base en variables que afectan el bienestar de los menores.
Usar este precedente para introducir restricciones a los homosexuales y empezar a limitar las entregas a personas solteras constituiría no solo un craso error, sino también un paso hacia la discriminación.
El caso es una invitación a los defensores de los derechos de las minorías sexuales para que lleven sus peticiones al Congreso de la República. Es decir, a que hagan política. Sigue transcurriendo sin mayores avances el período que la Corte Constitucional fijó para que el parlamento legisle sobre el matrimonio gay. Al mismo tiempo, el alto tribunal debería manifestarse pronto sobre la demanda pendiente acerca de la adopción de niños por parejas homosexuales. Si bien no es el mismo caso de Burr, quien es soltero, un fallo aclararía la constitucionalidad de varias aristas de tan difícil asunto.
Seguramente, los mecanismos del ICBF tendrán muchas falencias que corregir. Que los solteros adopten no es una de ellas.
LEY REGULARÍA CUÁNTO PAGARÁ ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS POR AUTORIDADES
La jurisdicción contencioso administrativa establece montos de indemnizaciones que se deben pagar.
Así lo aprobó la plenaria de la Cámara en el cuarto debate de la reforma de la justicia.
La plenaria de la Cámara de Representantes avanza este martes en la aprobación, en el cuarto de ocho debates reglamentarios, del proyecto de enmienda constitucional de reforma de la justicia.
La mecánica que implementó la Mesa Directiva de la corporación ha sido votar artículo por artículo y estudiar cada una de las 67 proposiciones que fueron presentadas por los representantes. El proyecto tiene 31 artículos.
Dentro de lo votado se aprobó reformar un parágrafo según el cual la Ley regulará cuánto pagará el Estado por los daños que cometan sus autoridades públicas.
El parágrafo aprobado dice: "La ley podrá regular los montos de las indemnizaciones a las cuales podrá ser condenado el Estado por los daños antijurídicos que este cometa".
Esto quiere decir que cuando haya un daño provocado por alguna autoridad del Estado y este sea condenado a pagar una indemnización, la Ley podrá determinar cuánto se pagará, según el caso.
La inclusión de este artículo en la reforma de la justicia fue rechazada por algunos congresistas, que inclusive pidieron su eliminación.
La reforma del parágrafo fue propuesta por el representante Jaime Buenahora ('la U') y por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Actualmente las demandas de los particulares en contra de las fallas de la Nación las tramita la jurisdicción contencioso administrativa, la cual establece los montos de las indemnizaciones que se deben pagar.
'ELDORADO LUIS CARLOS GALÁN', NUEVO NOMBRE DEL AEROPUERTO DE BOGOTÁ
Así lo establece un proyecto de ley que fue aprobado esta noche en el Senado en último debate.
La plenaria del Senado aprobó en último debate un proyecto de ley que establece un nuevo nombre para la terminal aérea de Bogotá. Según la iniciativa, ahora se llamará Aeropuerto Internacional Eldorado Luis Carlos Galán.
Aunque la iniciativa buscaba en principio que la terminal aérea regresara a su nombre original de Eldorado (el Congreso aprobó hace dos años un proyectó de ley que le cambio el nombre a Aeropuerto Internacional Luis Carlos Galán), la plenaria del Senado decidió modificar el texto de la iniciativa.
Por esta razón el proyecto pasa ahora a conciliación con la Cámara. Según la ponente de la iniciativa, senadora Alexandra Moreno Piraquive, estos cambios traen implicaciones fiscales y económicas que no fueron tenidas en cuenta por el Congreso.
"El cambio de nombre tiene implicaciones fiscales y económicas, y además para eso se necesitaba el aval del Ministerio de Hacienda que nunca se dio. Esto demuestra que se está legislando con sentimientos partidistas y que se pasó por encima de la ley", aseguró Moreno Piraquive.
Según la legisladora, lo más probable es que en la conciliación se deje el nombre de Aeropuerto Internacional Eldorado Luis Carlos Galán, por lo que no descarta que la iniciativa pase a sanción presidencial antes de que finalice esta semana.
La Aeronáutica Civil le envió al congreso un concepto en el que afirma que el cambio de nombre de la terminal aérea no es conveniente, pero los legisladores no lo tuvieron en cuenta.
FIN A CHOQUE DE TRENES CON LA NUEVA REFORMA DE LA JUSTICIA
Proyecto deja a Corte Constitucional como órgano de cierre sobre tutelas.
Después de tres días de intensa discusión, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio este miércoles vía libre, en el cuarto de ocho debates, a una reforma de la justicia muy diferente a la prevista inicialmente.
El proyecto de reforma de la Constitución pasó su primera vuelta con muchas sorpresas. Pero entre todas, llamó la atención la que dejó a la Corte Constitucional como tribunal de cierre, instancia suprema para dirimir las controversias jurídicas.
Si la iniciativa logra hacer el tránsito en segunda vuelta el próximo año tal como quedó aprobada ayer, además de terminar con una vieja disputa entre los altos tribunales por quién tiene la última palabra, también parece blindar el proyecto mismo, pues la Corte Constitucional, a la que le interesa sobremanera este asunto, podría verse menos dispuesta a decretar vicios de constitucionalidad, para asegurarle su vigencia.
Se pondrá fin a uno de los problemas más críticos de la justicia: el llamado choque de trenes, que generó los peores enfrentamientos entre los altos tribunales que se disputaban tener la última palabra en este sentido.
Se incorporó un parágrafo al artículo 13 del proyecto que determina que la Corte Constitucional será el órgano de cierre en cuanto a las tutelas. Alfonso Prada, representante del Partido Verde y uno de los coordinadores ponentes, dijo que lo aprobado "es revolucionario. Casi tan importante como la tutela misma".
La idea del parágrafo es que el alto tribunal sea el órgano de cierre en todos los procesos relacionados con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, dentro de los cuales está la tutela.
En palabras del mismo Prada, se busca que "así como en materia penal y civil el tribunal de cierre es la Corte Suprema, y en materia administrativa el Consejo de Estado, ahora en materia constitucional será la Corte Constitucional".
Esta falta de claridad en la Carta Política había dado pie para que, inclusive, el Consejo Superior de la Judicatura se pronunciara sobre tutelas que ya habían sido estudiadas por la Corte Constitucional.
"Al determinar el cierre en materia de derechos fundamentales en la Corte Constitucional se acaba con ese paseo que existía o que podía existir por falta de haber determinado con claridad, por parte del constituyente de 1991, quién era el que podía hacerlo", explicó el congresista tolimense Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador.
El Gobierno también mostró su beneplácito por la aprobación de este parágrafo. El ministro del Interior, Germán Vargas, dijo que "con esa norma se supera, con rango constitucional, el denominado choque de trenes, adicionalmente porque se restringe la posibilidad de que el Consejo Superior vuelva a conocer de providencias emitidas por otras jurisdicciones".
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, respondió las críticas por el alejamiento del Consejo de Estado y la Corte Suprema del debate, y dijo que en el trámite del proyecto no hubo "ánimo revanchista".
Asociaciones judiciales piden que se retire la reforma.
Otros puntos claves aprobados
- Se regulan las indemniza- ciones que pagará el Estado cuando haya demandas en su contra por daño ocasionado por alguna autoridad.
- Se implementó el hábeas juris. Se usará cuando una de las partes crea que se violan sus derechos fundamentales. - La 'silla vacía' se aplicará a miembros de corporaciones públicas que cometan cualquier delito.
- Al Contralor lo elegirá el Congreso. Al Procurador también, pero de terna que envíe el Presidente.
- Los magistrados de las altas cortes tendrán el mismo régimen pensional de los congresistas.
'Supercorte': 'Frankenstein'
Así la calificó ayer la fiscal Viviane Morales
La fiscal Viviane Morales rechazó la creación de una 'supercorte' para el juzgamiento de aforados, propuesto en la reforma de la justicia. Dijo que si este nuevo tribunal "se encarga de los controles, podemos estar hablando de un Frankenstein dentro de una democracia". La Fiscal también rechazó las declaraciones del ex fiscal Germán Pabón, quien aseguró que el esposo de Morales, Carlos Alonso Lucio, le propuso no actuar en contra de Samuel Moreno. Afirmó que hay personas que están buscando supuestos impedimentos para que ella no siga en los procesos.
REFORMA DE LA JUSTICIA FUE APROBADA EN CUARTO DEBATE
Cámara le dio vía libre a la iniciativa, la cual deberá cumplir su segunda vuelta el próximo año.
La corporación concluyó la noche de este miércoles el estudio del proyecto de reforma constitucional, el cual pasará ahora a conciliación con el texto que aprobó el Senado.
Entre las principales modificaciones a la iniciativa está la elección del Registrador Nacional, que seguirá siendo responsabilidad de las altas cortes, y la Corte Constitucional, que seguirá siendo el órgano de cierre para todas las tutelas.
Registrador seguirá siendo elegido por las altas cortes
Por 85 votos contra 10 la plenaria de la Cámara de Representantes eliminó el artículo que modificaba la elección del Registrador Nacional dentro de la reforma de la justicia.
La idea del artículo era que el Registrador fuera elegido por el Congreso en pleno de una terna enviada por el Presidente de la República.
Aunque esta modificación no había sido tramitada por el Senado la Comisión Primera de la Cámara la incorporó hace dos semanas.
Así las cosas, el Registrador seguirá siendo elegido por las altas cortes mediante un concurso de méritos.
La proposición para eliminar la modificación de la elección del Registrador fue presentada por el representante a la Cámara del Polo, Germán Navas.
El proyecto de enmienda constitucional atraviesa su cuarto de ocho debates reglamentarios en el Congreso.
CORTE CONSTITUCIONAL SERÍA ÓRGANO DE CIERRE PARA TODAS LAS TUTELAS
Dentro de las modificaciones aprobadas en el trámite del proyecto de enmienda constitucional, está una que, según el Gobierno y los ponentes de la iniciativa, acabaría con el denominado choque de trenes en materia de tutelas.
Según lo aprobado en el proyecto, la Corte Constitucional será el órgano de cierre de todas las materias que tengan que ver con temas constitucionales, lo cual cobija las acciones de tutela.
Alfonso Prada, uno de los coordinadores ponentes del proyecto, dijo que así como "el tribunal de cierre en materia penal y civil es la Corte Suprema y en materia administrativa el Consejo de Estado, ahora en materia constitucional será la Corte Constitucional".
"A partir de este momento queda zanjada la duda y clarísima la jurisdicción constitucional. Además este es un anhelo de las facultades de derecho, de los abogados litigantes, de los propios jueces, que haya unidad en la interpretación. Siempre debe haber un tribunal que cierre en toda jurisdicción para que no haya sobre un mismo artículo y un mismo caso, cinco interpretaciones diferentes", agregó el congresista.
Prada, inclusive, advirtió que lo hecho por la plenaria de la Cámara fue algo "revolucionario. Casi tan importante como la tutela misma".
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó que se trata de "permitir que la Corte Constitucional actúe como órgano de cierre cuando se trata de tutelar los derechos fundamentales de rango constitucional".
"Con esa norma se supera, con rango constitucional, el denominado choque de trenes, adicionalmente porque se restringe la posibilidad de que el Consejo Superior vuelva a conocer de providencias emitidas por otras jurisdicciones", agregó el Ministro.
EL ESPECTADOR
LILIA SOLANO DICE QUE SEMANALMENTE LLEGAN 80 FAMILIAS DESARRAIGADAS A LA CIUDAD
La directora de Derechos Humanos del Distrito revela que uno de los estudiantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) recibió intimidaciones y que hay 25 grupos culturales amenazados en la capital.
La líder social Lilia Solano llegó al Distrito hace seis meses, como parte del equipo con el que la alcaldesa (e) Clara López quiso renovar la golpeada administración de Samuel Moreno. A 15 días de dejar su cargo como directora de Derechos Humanos de la ciudad, Solano muestra un panorama poco esperanzador en la materia y señala que ha aumentado el número de familias desplazadas que llegan a la capital cada semana. También, que uno de los estudiantes líderes de la MANE fue amenazado, al igual que 25 grupos culturales.
Como una de las cabezas del colectivo Colombianos por la Paz, asegura que al presidente Juan Manuel Santos, al parecer, se le perdieron las llaves de la paz.
¿Cuáles son las principales amenazas a los derechos humanos en Bogotá?
El desplazamiento forzado es un tema que está absolutamente desbordado. Lo que yo me pregunto es dónde está la máquina aceitada que produce desplazados. También está el tema de las amenazas que continúan a los grupos culturales. Con el ministro Germán Vargas Lleras nos reunimos para hablar de la posibilidad de tener atención real para la gente que sufre amenazas. Es que inclusive uno de los estudiantes de la MANE fue amenazado.
¿Cómo así? ¿A cuál de ellos?
Es una denuncia que llevaron a mi oficina hace dos semanas. Lo que pasó fue que Jairo Rivera, uno de los líderes de la MANE, al parecer recibió unas amenazas telefónicamente. Eso nos preocupa mucho, porque sabemos que si comienzan con uno pueden seguir con más.
¿Qué medidas se han tomado para ayudar a este estudiante?
Le hemos ofrecido el acompañamiento más cercano posible, pero sobre todo siento que hay que visibilizar esto para que se le den las garantías de protección.
¿Cuántas familias desplazadas están llegando a la ciudad semanalmente?
Se calcula que unas 80 familias. Una cifra muy alta.
Sí, una cifra que aumentó, pues antes decían que eran unas 45...
Lo que pasa es que tenemos registros oficiales y un subregistro. Al cruzar ambos, tengo en cuenta la información no oficial.
¿Cuántos grupos culturales están amenazados en la ciudad y en qué localidades?
Las amenazas masivas a los teatreros estuvieron localizadas en Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Engativá. Son alrededor de unos 25 grupos amenazados. Y ahora ha pasado algo muy complicado y es que algunos de ellos tuvieron que cambiarse de barrio, bajar el perfil y cerrar algunos de sus programas.
¿Cuál es la fuente de esas amenazas?
Los panfletos decían que las bacrim.
Al fin, ¿hay o no bacrim en la ciudad?
Podríamos tener dos fuentes de respuesta, porque hay una postura oficial en la Alcaldía que dice que no, pero lo que yo tengo que decir es que las víctimas permanentemente van y denuncian que sí hay bacrim. Entonces, tengo que ser leal a la voz de la víctima.
Otro tema que históricamente ha preocupado mucho es el reclutamiento forzado. ¿Sigue existiendo?
Es difícil decirlo porque la población se impone una autocensura para hablar, entonces cuando uno va a preguntar la gente tiene mucho miedo. La gente va a la oficina y dice que ha oído que hay reclutamiento, pero no hay datos exactos. Tienen miedo.
Usted también juega un papel muy importante como líder de Colombianos por la Paz. ¿Cómo lograr que los secuestrados regresen?
El problema aquí es empeñarse en la guerra. Condenamos absolutamente el asesinato de los secuestrados, es algo que no puede volver a pasar. Si fuera por la voluntad de Colombianos por la Paz hace rato todos estarían libres. El problema es que este es un juego a varias bandas; no podemos hacer nada que el Gobierno no autorice. Y tenemos que ser muy sinceros en esto: cada momento en que ha habido liberaciones ha sido una larga negociación con el Gobierno. Hay que preguntarle al presidente Santos en dónde está la llave de la paz que dice tener. Parece perdida.
Pero, ¿no cree que han debido tomar una posición más firme en contra de las Farc?
Desde la primera carta fuimos contundentes en el tema del secuestro. No estamos de acuerdo con esta práctica, la condenamos y queremos buscar caminos de paz.
¿Qué opina de lo dicho por Piedad Córdoba en el sentido de que no estaba segura de quién había matado a los cuatro secuestrados?
Creo que es una pregunta que se hacen los mismos familiares. Si nosotros habíamos dicho que no hubiera rescates, porque cada rescate arriesga la vida de los secuestrados, cabe preguntar quiénes fueron los que tomaron las decisiones de una operación de rescate.
¿No cree que tantas salidas en falso han afectado al movimiento?
Lo que pasa es que en un país tan polarizado si hay silencio es condenable y si hay una opinión, también. En esto de la paz es como caminar encima de huevos, y ahí ella tomó el riesgo de hacer esas declaraciones.
¿Qué cree que ha hecho el presidente Santos por la paz?
Hay una brecha entre lo que ha dicho y lo que ha hecho. Digamos que ha dicho cosas esperanzadoras que nos llenaron de alegría. Los hechos han sido otros.
FUERO MILITAR, 'SUPERCORTE' Y RETIRO A PODER NOMINADOR DE CORTES, EN REFORMA A JUSTICIA
Tras más de dos días de debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, en su cuarto de ocho debates concluyó la aprobación del acto legislativo.
Fiscal General presentó reparos a proyecto de reforma a la justicia
Este miércoles en la tarde la plenaria de la Cámara de Representantes terminó la aprobación de la totalidad de la reforma a la justicia en su cuarto de ocho debates.
Tras más de dos días de deliberaciones sobre el acto legislativo, que no cuenta con el acompañamiento de las Altas Cortes, la corporación terminó el proceso de aprobación.
Dentro de los artículos que más se destacan dentro del proyecto están el fuero militar, la creación de una ‘supercorte’ y el retiro del poder de presentar candidatos para Contraloría y Procuraduría para las Cortes.
El polémico fuero militar
Pese a los reparo de la ONU y Human Rights Watch, la Cámara de Representantes mantuvo la idea de mantener el fuero militar en la reforma a la justicia.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que “nosotros estamos en este esfuerzo fundamentalmente buscando que haya justicia, que los miembros de la Fuerza Pública cuando se encuentren en operaciones militares o policiales puedan ser analizados sus casos y juzgados en el marco de un conocimiento especializado”.
Sin embargo, Pinzón es claro en advertir que sabiendo la necesidad de que haya justicia, “de ninguna manera podemos aceptar impunidad, y este proyecto y este artículo de ninguna manera permite la impunidad”.
La idea del Congreso y el Gobierno con el fuero especializado es que de los procesos en contra de los uniformados en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, “conocerán las cortes marciales o tribunales militares”.
Se crea ‘supercorte’ para altos dignatarios
La plenaria de la Cámara dio vía libre a la creación de la 'supercorte' que juzgará a los legisladores, siendo ésta elegida en parte por los mismos congresistas.
El artículo establece que el 'Tribunal para la Investigación y Juzgamiento de aforados constitucionales', que estará conformado por seis magistrados, será elegido así: dos juristas por el presidente de la República, dos por la sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura y dos más por el Congreso de la República.
Así las cosas, los legisladores escogerán a un tercio de sus propios jueces, que estarán en esos cargos por periodos de 12 años. Ese mismo tribunal implica que el juzgamiento de los senadores y representantes a la Cámara en primera instancia ya no será más de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, sólo en segunda instancia los procesos contra los legisladores llegarán a ese alto tribunal.
Cortes, sin poder presentar candidatos a entes de control
La plenaria de la Cámara en la votación en cuatro de ocho debates de la reforma a la justicia les quitó las facultades para nominar y presentar candidatos para los órganos de control a las altas cortes.
El ponente del proyecto, el representante Alfonso Prada Gil, dijo que “se eliminan las facultades nominadoras del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional en lo que tiene que ver con Contraloría y Procuraduría”.
La idea ahora es que en esos de entes de control quien nomine sea el Presidente de la República y quien elija sea el Congreso en pleno.
En la actualidad, el contralor es escogido por el Congreso en pleno de una terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Para el caso del Procurador lo elige el Senado de una terna que debe ser integrada “por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”.
CORTES NO PODRÁN NOMINAR CANDIDATOS A CONTRALOR Y PROCURADOR
Así fue aprobado en un polémico artículo en la reforma a la justicia que margina a la rama judicial de la elección de los órganos de control.
Finalmente, en la votación en cuatro de ocho debates de la reforma a la justicia les fueron quitadas las facultades para nominar y presentar candidatos para los órganos de control a las altas cortes.
Uno de los ponentes, el representante Alfonso Prada Gil, dijo que “se eliminan las facultades nominadoras del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional en lo que tiene que ver con Contraloría y Procuraduría”.
La idea ahora es que en esos de entes de control quien nomine sea el Presidente de la República y quien elija sea el Congreso en pleno.
En la actualidad, el contralor es escogido por el Congreso en pleno de una terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Para el caso del Procurador lo elige el Senado de una terna que debe ser integrada “por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”.
El representante Guillermo Rivera Flórez se quejó por el tema y señaló que lo que realmente establece el equilibrio de poderes es la facultad de nominar sus candidatos a los entes de control. Para el líder liberal se concentran los poderes en Ejecutivo y Congreso.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, recordó que esa idea es originaria del Gobierno e insistió en que esa facultad “no ha sido útil para la justicia y ha contribuido a su politización".
“Sería más bien útil preguntarles a las Corte porqué quieren conservar funciones nominadoras”, aseguró el funcionario.
¿Y Registraduría?
Aun así, dentro de lo acordado, se contempla que de momento se mantendrá intacto el cambio para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil. Ese tema será llevado a una reforma política integral.
Actualmente, la forma de elección del registrador nacional del Estado Civil es por meritocracia por los presidentes de las altas cortes, de acuerdo con el artículo 266 de la Constitución.
CONGRESO ELEGIRÁ A UN TERCIO DE LOS MAGISTRADOS QUE LES JUZGARÁ
Así quedó establecido en la aprobación de reforma a la justicia, en la creación de una 'supercorte' para los altos dignatarios del país.
Aclaran que Fuero Militar en Reforma a la Justicia no traerá impunidad
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes en la noche un polémico artículo en la reforma a la justicia que le permite elegir a parte de los magistrados que les investigará y juzgará.
La corporación dio vía libre a la creación de la 'supercorte' que juzgará a los legisladores, siendo ésta elegida en parte por los congresistas.
El artículo establece que el 'Tribunal para la Investigación y Juzgamiento de aforados constitucionales', que estará conformado por seis magistrados, será elegido así: dos juristas por el presidente de la República, dos por la sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura y dos más por el Congreso de la República.
Así las cosas, los legisladores escogerán a un tercio de sus propios jueces, que estarán en esos cargos por periodos de 12 años. Ese mismo tribunal implica que el juzgamiento de los senadores y representantes a la Cámara en primera instancia ya no será más de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, sólo en segunda instancia los procesos contra los legisladores llegarán a ese alto tribunal.
El ponente del proyecto, el legislador liberal Orlando Velandia Sepúlveda, dijo que “creemos que lo que debe haber en un Estado Social de Derecho es que no haya ningún funcionario que no tenga un juez natural y creemos que los tribunales actualmente no lo están permitiendo”.
Actualmente, lo que se busca cambiar es el artículo 186 de la Constitución que contempla: “de los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención”.
FUNCIONARIOS, NOTARIOS Y ABOGADOS AYUDARÁN A DESCONGESTIONAR JUZGADOS
Así fue aprobado en la reforma a la justicia en el trámite de aprobación que adelanta este martes la Cámara.
Aclaran que Fuero Militar en Reforma a la Justicia no traerá impunidad
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó dentro de la reforma a la justicia un artículo que permitirá acabar con el represamiento de tantos procesos en los despachos judiciales.
La iniciativa establece que notarios y funcionarios administrativos de los despachos judiciales, y en cierto casos, algunos abogados, puedan fallar en los más de 2'500.000 procesos estancados.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que se trata de la posibilidad de que, previa a una ley de la República, se pueda permitir esa atribución "excepcional y transitoria" a quienes formal y ordinariamente no la cumplen.
El Gobierno asegura que para acabar con la congestión judicial se requiere de "utilizar un capital humano con el que cuenta la República y que está desperdiciado".
"Se trata de abogados conocedores de la ciencia jurídica y que pueden prestar sus conocimientos a la causa de la justicia", aseguró Esguerra.
Igualmente, el jefe de la cartera de la justicia dijo que "aquí a nadie se le ha ocurrido privatizar la administración de justicia".
"El Gobierno tiene claro que la administración de justicia es del Estado y que a éste le corresponde, pero a nadie le puede caber duda de que uno de los enormes problemas de la administración de justicia en Colombia es la congestión en los despachos judiciales", sostuvo el ministro.
De inmediato, el representante del Polo, Germán Navas Talero, replicó al ministro Esguerra y dijo que sí será "privatizar" la justicia.
Según él, sacar la administración de justicia de los tribunales y despachos y dárselo a particulares es dar el paso a la privatización.
Sin embargo, pese a los reclamos de la oposición, la plenaria de la Cámara aprobó el artículo.
REFORMA A LA JUSTICIA ACABA CON ALTAS INDEMNIZACIONES POR PARTE DEL ESTADO
Dentro de lo aprobado, se establece que la ley podrá fijar los montos que deberá pagar el Estado.
Aclaran que Fuero Militar en Reforma a la Justicia no traerá impunidad
La reforma a la justicia continúa este martes en la tarde con su trámite de aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Dentro de los artículos aprobados, se establecen límites a las altas indemnizaciones por las demandas contra el Estado colombiano.
Según la iniciativa del representante Jaime Buenahora Febres, la ley que regule el mismo acto legislativo podrá establecer además, los eventos en que la responsabilidad del Estado esté limitada, excluida o condicionada.
Así las cosas muchos de los actuales procesos en contra del Estado se verían seriamente perjudicados, por ejemplo, los casos de 'falsos positivos'.
Los representantes Hugo Velásquez Jaramillo y Germán Navas Talero mostraron su férrea oposición a la iniciativa de Buenahora.
De otro lado, la plenaria creó una figura jurídica que es 'superior' a la tutela.
Se trata del 'habeas juris' que es un instrumento y garantía de los derechos fundamentales al interior de cualquier proceso.
Pese a que el Gobierno se opone a la creación de esa figura, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, la plenaria de la Cámara lo aprobó.
El 'habeas juris' podrá ejercerse ante la autoridad jurisdiccional igual o superior jerarquía funcional, cuando considere violados sus derechos fundamentales
REFORMA A LA JUSTICIA CREA FIGURA SUPERIOR A LA TUTELA
Así fue aprobado en cuarto debate en la Cámara, donde se incluyó una iniciativa que establece el 'habeas juris'.
Aclaran que Fuero Militar en Reforma a la Justicia no traerá impunidad
La Cámara de Representantes inició este martes la votación del proyecto de reforma a la justicia, en el cuarto de ocho debates.
Dentro de lo aprobado hasta el momento se crea una figura jurídica que es 'superior' a la tutela.
Se trata del 'habeas juris' que es un instrumento y garantía de los derechos fundamentales al interior de cualquier proceso.
Pese a que el Gobierno se opone a la creación de esa figura, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, la plenaria de la Cámara lo aprobó.
El 'habeas juris' podrá ejercerse ante la autoridad jurisdiccional igual o superior jerarquía funcional, cuando considere violados sus derechos fundamentales.
De momento sólo ha sido aprobado un artículo de la reforma.
ANTE RIESGO DE MUERTE, LAS EPS DEBEN GARANTIZAR LA ATENCIÓN INMEDIATA
Corte Constitucional señaló que no se puede obligar a este tipo de pacientes a pasar por los filtros para que se autorice la entrega de medicamentos que estén por fuera del POS.
Las entidades prestadoras de salud (EPS) deben omitir las juntas técnicas que se realizan para la entrega de un medicamente cuando la vida del paciente corra riesgo inminente.
Así lo determinó la Corte Constitucional al considerar que en estos casos los comités de revisión y autorización deben omitirse puesto que prima el derecho a la salud y a la vida.
El alto tribunal revisó el papel de la junta técnico-científica de pares, el cual actúa en segunda instancia en el caso de revisión para la autorización de medicamentaos y atención médica para los casos que estén por fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS).
Para la Corte, en todos los otros casos los pacientes deben pasar por las juntas técnicas de las EPS las cuales son las encargadas de emitir concepto favorable o desfavorable para la entrega de medicamentos.
CAMPESINOS DE LAS PAVAS EXIGEN DISCULPA POR DUDAR QUE SON DESPLAZADOS
Están concentrados en la Plaza de Bolívar "para darle la cara al país".
Reunidos desde primeras horas del miércoles en la Plaza de Bolívar de Bogotá, los trabajadores del campo de este lugar de la llamada depresión momposina recordaron que en 2003 los paramilitares les despojaron de un terreno que ahora reclaman en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
"Hemos venido a la capital para darle la cara al país y al mundo de que lo que han dicho de nosotros y de las organizaciones acompañantes es una total mentira", dijo el portavoz de la comunidad de Las Pavas, Eliud Alvear.
Alvear rechazó el contenido de una providencia emitida a principios de mes por una fiscal de Cartagena, en la que ordenó archivar la investigación por desplazamiento forzado en Las Pavas en 2003 al considerar que en ese territorio no hubo despojo masivo, de lo que también se hizo eco la fiscal general, Viviane Morales.
El portavoz explicó que este giro de la fiscal cartagenera se debió a que uno de los denunciantes del desplazamiento en 2009 desmintió recientemente haber sido ultrajado, lo que Alvear atribuyó a un "soborno" orquestado por empresarios para impedir la restitución de tierras a los campesinos y sembrar más palma africana.
Si los campesinos de Las Pavas pierden la calificación de desplazados no podrían recibir el título de una tierra que consideran propia por ocupación, pues no cumplirían los requisitos para ser beneficiados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca resarcir a las víctimas del conflicto.
"Queremos que se nos adjudiquen esas tierras para trabajar tranquilos como quiere todo campesino", declaró Alvear, mientras varios compañeros coreaban consignas en las escaleras de la Catedral Primada de Bogotá y otros reivindicaban una disculpa ante la sede del Ejecutivo, la Casa de Nariño.
De hecho, en ese palacio uno de los afectados se entrevistó con el presidente Juan Manuel Santos.
La comunidad de Las Pavas contó con el apoyo del portavoz de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, y de víctimas de otras regiones que sufrieron procesos similares.
Cepeda trasladó a los congregados un mensaje de "solidaridad plena" y le pidió al Gobierno colombiano un discurso unificado y respetuoso con las víctimas; solicitó a la Fiscalía que haga una investigación pormenorizada del caso y a los ciudadanos de Bogotá que no le den la espalda a lo que sucede en el campo del país.
"Venimos a darle apoyo a los compañeros porque es la misma causa. Lo mismo que ellos están sufriendo en Las Pavas lo estamos sufriendo nosotros en Curvaradó y Jiguamiandó (departamento del Chocó). Venimos a unir fuerzas de lucha", argumentó la campesina Ligia María Saavedra.
El caso de esta hacienda palmicultora fue revelado después de que la Fiscalía colombiana acometiera una nueva investigación sobre la cifra de víctimas de la masacre paramilitar de Mapiripán (departamento del Meta) en 1997, a raíz de que una demandante reconociera haber mentido.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha denunciado una campaña de descrédito contra las víctimas y las organizaciones que las representan, a su juicio orientada a quebrar la aplicación de la Ley de Tierras.
SUPERCORTE: UN ENGENDRO
Por: Rodolfo Arango
La creación de una "Supercorte" para juzgar a altos funcionarios, entre ellos a los congresistas, tiene un tufillo a revancha.
La reforma parece más un ajuste de cuentas con la Corte Suprema de Justicia por su desempeño en los últimos años que una propuesta bien intencionada. Recordemos que la Sala Penal de la Corte Suprema procesó a un tercio de los miembros del Congreso por paramilitarismo, y esa misma Corte la que pierde la competencia para investigar y juzgar a los legisladores. Se trata de una venganza anunciada. Ingenuo sería pensar que tarde o temprano los legisladores –por solidaridad de cuerpo o por interés propio– no ripostarían “podando” las funciones de la Corte Suprema. La audacia es aún mayor. Ni cortos ni perezosos, los congresistas quieren además nombrar ellos mismos parte de sus “jueces naturales”. Todo sucede mientras la Corte Suprema investiga a varios “pesados” senadores y representantes por el delito de tráfico de influencias en la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¡Inoportuna la reforma, por decir lo menos!
La “Supercorte” nombrada parcialmente por sus potenciales procesados es un exabrupto jurídico. Los principios de imparcialidad de la justicia y de separación de las ramas del poder público son desconocidos por el acto legislativo. El régimen republicano y democrático se pone en riesgo con la comentada reforma. No existe separación del poder público cuando quien es investigado y juzgado nombra, así sea parcialmente, a sus propios jueces. El contubernio entre legisladores y jueces impide el necesario control que caracteriza a una justicia objetiva e imparcial. La abierta injerencia del Congreso sobre la administración de justicia no se compadece con nuestra tradición civilista. De generalizarse este diseño judicial, ya pronto cada sector social u organismo oficial buscará la creación de un cuerpo especializado autonombrado para que lo investigue y juzgue (¿absuelva?). El fuero militar también apunta en el mismo sentido: militares juzgando militares, algo superado en el mundo civilizado.
Como en otros momentos de asedio a la Corte Constitucional, la población debería rodear a la Corte Suprema de Justicia para impedir que pierda una de sus más valiosas competencias. El argumento de que la reforma garantiza el conocimiento del caso por la Corte Suprema en segunda instancia no es valedero. No es lo mismo intervenir eventualmente en calidad de tribunal de “alzada” o de segunda instancia, que hacerlo también como tribunal de investigación y juzgamiento. La Sala Penal de la Corte sólo intervendría si el procurador –nombrado por los congresistas– apela la decisión absolutoria o preclusiva. De personas como Alejandro Ordoñez dependería que la Corte Suprema llegara a conocer del proceso penal contra congresistas. ¡Vaya garantía de verdad y justicia!
La Corte Suprema de Justicia parece convertirse en víctima de su propio desempeño. No hubiera perseguido penalmente a los legisladores, no tendría que soportar ahora los embates de los sectores lesionados. Por fortuna para el Estado de Derecho, la Suprema no fue inferior a su mandato. A una reforma a la justicia, servida a la carta de sus destinatarios, es necesario oponerse frontalmente: ella subvierte los principios fundamentales del Estado de derecho. Transitamos tiempos aciagos, por cierto. Pero la tradición republicana del país puede aún ser preservada y triunfar sobre la sinrazón de los intereses corporativos. La fuerza de la razón y la voz del pueblo son para ello indispensables.
EL NUEVO SIGLO
EL RÉQUIEM
El burdo espectáculo al cual asiste el país con la mal llamada Reforma a la Justicia, es verdaderamente lamentable. Está clara la piñata que los congresistas se están dando con el quite y pone de artículos e incisos al gusto del convite, mientras el Gobierno deja prosperar la feria. Y en el entretanto no queda mas que tocar un Réquiem, antagónico al Mesías de Händel de su proclamación, por la Constitución de 1991, pues todo lo que allí se está haciendo rompe definitivamente sus vértebras y termina en una colcha de retazos que ya no podrá denominarse Carta Magna.
Ya se había inferido un primer golpe mortal con la reelección presidencial consecutiva, llevando sin remedio al traste todo el sistema de pesos y contrapesos y liquidando la coherencia en la distribución del poder público y el equilibrio entre las diferentes ramas. Es conocido por el país el estropicio que significó cambiar un “articulito” y el aposamiento de feudos podridos en muchos lugares.
Ahora la cosa es igual o peor. Se da una maniobra deliberada para arrinconar a la Rama Judicial, quitarle sus atributos y emascularla del escenario nacional después de haber sido el dique de contención contra la desinstitucionalización y los vasos comunicantes entre el crimen y el Estado. Por ello, parecería decirse, hay que castigarla.
Y no es exageración. La Corte Suprema de Justicia pasa a ser una entidad lejanísima en la investigación de congresistas, mediatizada por una serie de instancias instructivas y judiciales, cuyo único propósito es quitarle el conocimiento judicial sobre los parlamentarios y volverla eunuca. Caen en el galimatías de dizque una “súper Corte”, de inferior rango, pero de mayores alcances, de suerte que la superior jerárquica será apenas un convidado de piedra, poniendo una talanquera al máximo organismo judicial, burocratizando el proceso y negando el principio de celeridad procesal. Es decir, activan institucionalmente la demora, cuando era suficiente con crear dos organismos al interior de la Corte Suprema de Justicia, integrados por los magistrados ya vigentes, mientras que, por el contrario, los nuevos magistrados de la autodenominada “súper Corte”, nombrados algunos por los mismos parlamentarios, deberán conseguir trabajo para justificar sus millonarios salarios. ¡El país no aguanta una Corte más! Pasa algo similar en el Consejo de Estado con las pérdidas de investidura de los congresistas, a cuya función ahora le ponen más rémoras pese a haber sido su labor exitosa y ejemplar en sanciones y exoneraciones.
Pero no sólo es contra la actividad de los magistrados actuales, sino que a los mismos jueces, que son los representantes primigenios de la institucionalidad judicial, les ponen una nómina paralela y contradictoria de abogados que impartirán justicia bajo la supuesta enseña de la descongestión, cuando el país, por el contrario, necesita es ponerse a tono con su aparato judicial fundamental y nombrar a los jueces que sea menester. El esguince permite burocratizar por la puerta de atrás y abrir una tronera gigantesca a la Rama, mientras paradójicamente el Ministro de Trabajo pide que todas las nóminas paralelas de las entidades públicas del Gobierno Central se conviertan en contratos de trabajo. Todo ello se pretende cobijar bajo el caramelo de ampliarles a los magistrados su nombramiento por doce años y de incurrir en la cooptación, que fue precisamente uno de los elementos por los cuales se convocó a la Constituyente de 1991 a fin de sacar a la Rama Judicial de la perversión endogámica.
Pero aún mas, no solamente se quiebra así la integridad de la Constitución de 1991, sino que se pretende la reclientelización de los organismos de control, quitando la capacidad nominadora de las Cortes, y pasándola de nuevo a la relación directa entre el Presidente de la República y el Congreso, que fue justamente el contubernio que se rompió en la Constituyente, volviendo en cambio a la coyunda de “yo te elijo, tú me nombras y me absuelves”. Si bien es dable ajustar el sistema para evitar intermediaciones burocráticas de las Cortes en ellos, no por ello hay que pasar de guatemala a guatepeor.
Habíamos titulado un editorial de agosto de este año al respecto como La Contrarreforma. Lo que hoy se está presentando es eso y mucho más. Nada menos que el Réquiem por la Constitución de 1991, al cual no creemos, en absoluto, que el presidente Juan Manuel Santos o el expresidente César Gaviria quieran asistir, salvo un mutis por el foro que no le hace bien a las supuestas ideas liberales que algunos pregonan.
CORTES NO PODRÁN NOMINAR PROCURADOR
A pesar de las advertencias que hicieron representantes a la Cámara como Germán Navas Talero del Polo Democrático y Guillermo Rivera del Partido Liberal, sobre las excesivas facultades que se le están recargando al Ejecutivo y el despresamiento de varias funciones de las altas Cortes, ayer la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el paquete de artículos del proyecto de reforma a la justicia que le quita al poder judicial la facultad de presentar la terna para elegir al Procurador y Contralor General.
Ahora será el Presidente de la República quien conforme la terna para escoger al jefe del Ministerio Público y al jefe del órgano de control fiscal, y será el Congreso en pleno quien elija. Asimismo, por terna enviada del Ejecutivo el Legislativo elegirá al defensor del pueblo, quien ahora será un subalterno del Procurador General.
No tuvo eco en la plenaria, la proposición hecha por la representante del Polo Democrático, Alba Luz Pinilla, de que el Contralor fuera elegido por el Congreso de terna enviada por el mayor partido político de la oposición, en este caso el Polo.
En consecuencia, sólo la elección del Fiscal General quedó sin reforma alguna, por lo que la Corte Suprema de Justicia seguirá eligiendo al director del ente acusador de terna enviada por el Presidente de la República.
Frente a este panorama, el parlamentario Guillermo Rivera advirtió el marcado poder que ostenta el jefe del Estado, porque ahora influirá en la elección de todos los jefes de órganos de control.
Sin embargo, ayer la plenaria de la Cámara eliminó el artículo que contemplaba que el Registrador Nacional lo elegiría el Congreso de terna también enviada por el Presidente de la República. De tal manera, que el sistema quedó como está actualmente, donde los partidos presentan las listas y las cortes eligen al funcionario electoral.
Mico
Otro de los artículos negados ayer por la Cámara de Representantes fue uno que causó gran polémica, pues pretendía entregarle unas superfacultades al Auditor General, que es el encargado de controlar fiscalmente a la Contraloría.
Tal como lo proponía la ponencia mayoritaria, el Auditor tendría la función de sancionar a los contralores territoriales y podría realizar auditorías con las contralorías departamentales.
Esta propuesta causó gran disgusto entre los parlamentarios, quienes acusaron en primera medida que se viciaría el proyecto por violar el principio de consecutividad, pues ese artículo fue propuesto sólo en su cuarto debate. Otros representantes señalaron que el Auditor reemplazaría tanto a la Procuraduría y la Fiscalía si se mantenían sus funciones sancionatorias.
Inclusive el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se mostró en contra con abrirle la posibilidad a este alto funcionario de reelegirse, pues ya la iniciativa planteaba aumentar su período de dos a cuatro años.
Además algunos representantes, como Germán Navas Talero, advirtieron que ese tema se debió haber regulado en otras normas como la ley anticorrupción o la reforma política.
Polémicas
Aparte de los superpoderes que iba recibir el Auditor General, hubo otros dos temas de la reforma que dividieron a la Cámara.
El primero tiene que ver con el último artículo transitorio de la iniciativa, que contempla que la aprobación del acto legislativo de la reforma judicial no generará conflicto de intereses entre los parlamentarios que lo hayan aprobado, ni en las leyes posteriores que los regulen.
El representante Guillermo Rivera advirtió que una reforma constitucional recién aprobada, estableció que el trámite de actos legislativos no genera conflicto de intereses, porque éstos regulan principios y derechos generales e impersonales; pero no impide los conflictos de intereses que se generen por la aprobación de leyes ordinarias o estatutarias que regulen artículos constitucionales.
Rivera Flórez advirtió que son varios los proyectos de ley ordinaria que el Congreso deberá tramitar para regular la reforma a la justicia, por lo que habrá un gran número de congresistas que declararán impedidos para debatirlos.
Por ello, presentó una proposición en el sentido de que si más del 30 por ciento de los integrantes de las comisiones constitucionales o plenarias se declaraban impedidos para debatir las iniciativas, el quórum mayoritario se establecería sobre los parlamentarios que no se declararon impedidos y no sobre la totalidad de la comisión o corporación legislativa donde sea tramitado el proyecto. Esto, según el congresista liberal, para evitar que el quórum se desbarajuste y se hundan las iniciativas.
Sin embargo, los ponentes de la reforma judicial se mostraron en contra de esta proposición, argumentando que en el caso de que a más del 50 por ciento de los parlamentarios les sean aprobados los impedimentos, sería una minoría la que aprobara los proyectos de ley. En consecuencia, la propuesta de Guillermo Rivera fue negada.
Por otra parte, causó un gran debate la propuesta del representante Germán Navas de que el Procurador General no pudiera investigar y destituir a los congresistas. La proposición fue hecha dentro del artículo que establece las facultades que tendrá el jefe del Ministerio Público. Sin embargo, y gracias a la intervención del ministro Germán Vargas, con una votación bastante apretada la plenaria de la Cámara negó la proposición.
Así mismo, ayer la Cámara aprobó cinco artículos nuevos, entre los que se encuentran una nueva causal de pérdida de investidura, que aplicará para los congresistas que no asistan a seis sesiones de sus respectivas comisiones.
Con estos artículos aprobados culminó la primera vuelta legislativa de la iniciativa, y ahora tendrá que enfrentar sus últimos cuatro debates en la segunda mitad de la actual legislatura, que inicia a partir del 16 de marzo.
FISCAL CRITICA SUPERCORTE DE REFORMA JUDICIAL
Serios reparos a la supercorte que fue aprobada en la reforma a la justicia y la forma cómo se designarán sus magistrados, hizo la Fiscal General, Viviane Morales.
La directora del ente acusador pidió pensar cómo van a ser designados los magistrados de esos organismos llamados superpoderosos debido a que a veces representan un peligro para la democracia.
"Entonces, cómo van a ser designados, qué garantías de independencia, pero también qué garantías de controles, porque si es una supercorte que se sale de controles podemos estar pensando en un Frankenstein dentro de una democracia", señaló la funcionaria en Caracol Radio.
Por otra parte, el Observatorio Nacional Permanente conformado por agremiaciones como la Corporación de jueces y magistrados, Asonal Judicial, el Círculo de Abogados y Acolcti, entre otros, hicieron varios reparos a la reforma a la justicia y le pidieron al Congreso su retiro.
Mediante un comunicado, las agremiaciones señalan que el proyecto no aborda los retos más inminentes del sistema judicial como descongestión y garantía de acceso universal, apartándose de principios constitucionales, como el derecho que le asiste a todos los colombianos de acceder a una justicia independiente, pronta y eficaz, a cargo del Estado.
“Si una reforma no se limita a puntos esenciales como estos, propios de una Carta Política, resulta más conveniente para el país el actual proyecto en trámite” dice las agremiaciones.
Además, agregan que el fuero militar es un tema ajeno a la problemática de la Rama Judicial y su repentina inclusión sólo se ve como el aprovechamiento de una Reforma Constitucional, para darle este rango jurídico.
De igual manera, denunciaron que en la última sesión del Congreso ellos pidieron la palabra la cual no fue concedida y cuando los llamaron ya se habían retirado del recinto.
Por otro lado, varios congresistas durante el trámite del cuarto debate de la reforma judicial advirtieron que había temas que debían abortarse, como el juzgamiento de aforados y la supresión de las funciones nominadoras de las altas cortes, pues no tenían nada que ver con la administración de justicia.
ELIMINAN DOS ‘MICOS’ EN LA REFORMA A LA JUSTICIA
Fueron eliminados en el cuarto debate en la Cámara de Representantes, dos de los artículos considerados como 'micos' en la Reforma a la Justicia.
Inicialmente se negó la propuesta de convertir a la Registraduría Nacional del Estado Civil en un organismo eminentemente político, determinando que el Registrador fuese elegido por el Congreso en pleno de una terna que enviará el presidente de la República.
Al no aceptarse esa propuesta, el Registrador sigue elegido por concurso de méritos organizado y calificado por las Altas Cortes de la justicia y tendrá un periodo fijo de cuatro años, reelegible por una sola vez.
El otro artículo eliminado es uno de los 'micos' introducidos por la comisión Primera de la Cámara en la madrugada del 2 de diciembre y pretendía darle superpoderes al Auditor General de la Nación.
No sólo se ampliaba el periodo del actual funcionarios en dos años, sino que lo convertía en reelegible por periodos de cuatro años, y lo facultaba hasta para exigir el retiro del contralor General de la República, de los contralores departamentales, distritales o municipales y hasta de cada uno de los funcionarios, por sospechas como 'la verdad sabida y buena fe guardada’.
REVISTA SEMANA
REFORMA A LA JUSTICIA APROBADA EN PRIMERA VUELTA
En plenaria de Cámara de Representantes el acto legislativo cumplió la mitad de su trámite y aún le queda por delante un año para completar su aprobación. Fuero militar, nominaciones de la rama judicial, la 'súper corte' y la labor de cierre de la Corte Constitucional, lo clave.
Aunque no cuenta con el respaldo de las Altas Cortes y algunos sectores políticos, la reforma a la justicia avanzó en el Congreso con la aprobación en cuarto debate, la mitad de los que requiere una reforma de rango constitucional.
Entre los temas más relevantes estuvieron el retiro de la facultad de la rama judicial de postular aspirantes a la Procuraduría y la Contraloría, el respaldo a mantener el fuero militar dentro de la reforma, la creación de una ‘súper corte’ para juzgar a aquellos que tienen fuero constitucional y que la Corte Constitucional será el órgano de cierre en cuanto a tutelas se refiere.
En primera instancia, la Cámara decidió otorgar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios. El ministro de Justicia y de Derecho, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que es una respuesta audaz ante el represamiento de causas judiciales sin resolución en los despachos.
"Se trata de abogados sumamente conocedores de la ciencia jurídica y experimentados que pueden prestar su concurso a la causa de la justicia, y en el caso de los funcionarios administrativos de los juzgados, la verdad es que la idea es tan sencilla como que ellos puedan prestar su concurso para que ciertas diligencias y ciertos trámites que hoy únicamente puede cumplir el juez", dijo Esguerra.
Esa decisión había sido duramente cuestionada por las magistrados de los máximos tribunales al considerar que se trata de una privatización de la justicia.
La votación en la Cámara de Representantes confirmó también el retiro de las funciones nominadoras que actualmente tienen las Altas Cortes en cargos de control como la Procuraduría y la Contraloría, que pasarían al Ejecutivo y al Legislativo.
También se buscaba quitarle la posibilidad de nombrar aspirantes en el caso del Registrador Nacional de Estado Civil, pero en el texto aprobado continuará esa nominación en poder de la rama judicial, mediado por un concurso de méritos.
Entretanto, pese a la abierta preocupación por parte de la ONU y varias organizaciones de derechos humanos y la advertencia de que esto podría abrir las puertas del país a la Corte Penal Internacional, fue ampliamente respaldada en la plenaria de Cámara la extensión del fuero penal militar y policial.
Pese a que ello significará que cualquier incidente ocasionado por miembros de la fuerza pública será considerado como acto de servicio, en varias oportunidades el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha defendido que la iniciativa no conducirá a la impunidad y menos en casos de crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, también se aprobó la constitución de una especie de ‘súper corte’ que conocerá en primera instancia de los crímenes cometidos por personas con fuero constitucional, como los congresistas.
Ese nuevo tribunal estaría conformado por seis magistrados, de los cuales dos serán nombrados por el presidente, otros dos por la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura y los dos últimos por el mismo Congreso.
Pese a que la Corte Suprema de Justicia es la que actualmente lleva esas investigaciones y que gracias a su función de primera y única instancia fue posible juzgar y condenar a los responsables de la parapolítica, si se aprueba la iniciativa solo podrá conocer de los delitos de altos dignatarios en segunda instancia, opción de apelación reclamada desde tiempo atrás por los parlamentarios.
Finalmente, el texto de la reforma busca poner fin a los denominados ‘choques de trenes’ entre el las Altas Cortes en el tema de constitucionalidad y se definió que el órgano de cierre de esa acciones legales como la acción de tutela será la Corte Constitucional.
Así las cosas, será ese tribunal el encargado de defender los derechos fundamentales de los colombianos.
PROCURADURÍA IMPUGNARÁ ADOPCIÓN DE NIÑOS AL PERIODISTA CHANDLER BURR
El concepto negativo es contra la decisión del ICBF de conceder en adopción a dos niños colombianos, de 13 y 9 años, al ciudadano norteamericano que admitió ser homosexual.
Durante la audiencia dentro del proceso de restablecimiento de derechos por el caso de adopción de dos niños colombianos de 13 y 9 años por parte del periodista norteamericano Chandler Ellis Burr, en el cual la defensora de Familia dispuso la entrega provisional de los niños al adoptante, la Procuraduría General de la Nación presentó un concepto negativo sobre la decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La Procuraduría objetó dos de las pruebas que hicieron parte del proceso. La primera, el Acta de Valoración de los niños, prueba solicitada por la Defensoría de Familia, en la que la psicóloga recomendó el reintegro de los niños al adoptante, a pesar de que persistían dudas sobre el conocimiento y manejo de su orientación sexual.
La segunda, el Informe de Evaluación Clínica-Psicológica del señor Chandler Burr, prueba por él allegada, en la que se evidencian contradicciones respecto de la vigencia de sus relaciones de pareja con personas del mismo sexo.
El Ministerio Público reiteró además la solicitud presentada el pasado mes de febrero ante el ICBF en el sentido de revisar el trámite otorgado a las solicitudes de adopción provenientes de familias monoparentales y solicitantes solteros.
Al término de la audiencia, la Procuraduría solicitó al ICBF la realización de un seguimiento mensual más minucioso a este caso y anunció que impugnará el proceso de adopción, ya que en el mismo se omitió información pertinente para determinar la idoneidad del entonces solicitante.